jueves, 7 de agosto de 2014

Sindy Agustina González Tijerina y su aporte a las políticas públicas.

Elaboró: Aline Vázquez.
Coordina: Georgina González

Autora nacida en México Doctorado en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.  El aporte que hace la autora al  tema radica en la evolución de la fase de la evaluación en México.
González menciona que la evaluación de los programas sociales en el país es un tema relativamente reciente, que aún se encuentra en un proceso de construcción y en constante perfeccionamiento. Para ella la estrategia de Vivir Mejor implementada en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, tiene un mecanismo que la hace diferente a estrategias anteriores.
 Las acciones y políticas contenidas en la estrategia Vivir Mejor, fueron sometidas a una evaluación constante de acuerdo a la normatividad y legislación vigente en ese sexenio. La evaluación tiene como propósito la mejora de los programas y que los recursos públicos sean aprovechados de manera eficiente.
La autora nos menciona que: “en México durante mucho tiempo imperó la ausencia de una cultura de evaluación sustentada en análisis y metodologías rigurosos, aunado a escasos incentivos en transparencia y rendición de cuentas en el sector público”.[1] Un factor que contribuyó a esta ausencia de cultura de la evaluación, fue que en el país un partido político (PRI) mantuvo el poder por más de setenta años.
Para los años noventa en el país se empezaba a dar una transición haca al a la democracia lo que trajo consigo varios cambios en la forma de evaluar las políticas públicas. “En 1997 se evalúa el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) hoy llamado Oportunidades, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dona dinero al programa pero requiere de una evaluación externa”.[2]
Un año después, se introduce un requerimiento especial para los programas federales, estas son las Reglas de Operación de los Programas (ROP), estas fueron un  instrumento normativo y regulatorio que les  permitía  a los programas su implementación y funcionamiento, buscando que fueran eficientes, eficaces e incluyentes y buscan facilitar la evaluación de los beneficios tanto económicos como sociales.
Como la autora lo menciona, el proceso hacia la transición hacia la democracia en el país fue de suma importancia para que se cambiaran los mecanismos para la evaluación de las políticas públicas y programas sociales y es hasta el 2004 que se introduce  la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) que “considera por primera vez en nuestro país la evaluación sistemática de la política de desarrollo social y de los programas sociales con la el propósito de corregirlos, modificarlos, ampliarlos o terminarlos”.[3]
En  el año 2005 entro en función Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es organismo público descentralizado. A grandes rasgos se encarga de coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social y es el encargado de medir los niveles de pobreza en el país.
En 2007 el CONEVAL conjuntamente con  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) publican los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales, estos   regulan la evaluación de los programas federales, la elaboración de la matriz de indicadores, los sistemas de monitoreo. Además están encargados de la elaboración de los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Para el 2008 nuevamente el CONEVAL, la SHCP,  y la SFP “emiten el Mecanismo para el cumplimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivado de los informes y evaluaciones externas a los programas federales”.[4] Este mecanismo tiene como objeto establecer el procedimiento general para dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora para los programas sociales, los cuales se derivaran  de las evaluaciones del 2007.
González también nos menciona los tipos de evaluación que contempla el CONEVAL y en qué consiste cada uno de ellos. A grandes rasgos son los siguientes:
a)     Evaluación de consistencia y resultados. Este tipo de evaluación busca analizar el diseño y desempeño de los programas para mejorar su gestión y medir sus resultados.
A su vez esta tipo de evaluación se divide en seis temas:
·         Diseño
·         Planeación estratégica
·         Cobertura y focalización
·         Operación
·         Percepción de la población objetivo  
·         Resultados.
 Para cada uno de los seis temas el evaluador deberá de realizar un análisis FODA.
b)    Evaluación de diseño. Se pretende analizar el diseño del programa con el objetivo de  que las recomendaciones del análisis retroalimenten la gestión del programa.  Se divide en seis temas:
·         Características del programa,
·         Contribución a los objetivos estratégicos
·         Matriz de indicadores, población potencial y objetivo
·         Vinculación con las reglas de operación,
·         Coincidencias
·         Complementariedades y duplicidades.
Al igual que en el anterior tipo de evaluación también se realiza un análisis FODA.
c)    Evaluación de indicadores. Básicamente se realiza un análisis sobre la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa para el logro de los resultados esperados.
d)    Evaluación de proceso.  Se analiza mediante trabajo de campo, si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de forma eficaz y eficiente.
e)    Evaluación de impacto. “En los Lineamientos se establece que la evaluación de impacto consiste en identificar mediante metodologías rigurosas el cambio en los indicadores de resultado atribuibles a la ejecución del programa, en otras palabras permiten medir los efectos netos que tiene un programa en sus beneficiarios con respecto a individuos que tienen características similares pero que no reciben los beneficios del mismo”.[5]
f)     Evaluación Específica. Se nombran así se llama a las evaluaciones no comprendidas en los Lineamientos y que se realizan mediante trabajo de gabinete o de campo.
g)    Evaluación Estratégica.  Este tipo de evaluación se aplican a un programa  en torno a las estrategias, políticas e instituciones.
h)   Evaluación de nuevos programas. Los Lineamientos establecen que justifique la creación de nuevos programas. Se debe de realizar  diagnóstico en donde se especifique de qué manera el programa que se propone contribuye a los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad.
    Como conclusión en el país es necesario que se fomente una cultura  de evaluación de programas sociales y políticas públicas, es necesario que se establezcan nuevos organismos que realicen este trabajo, para que de tal modo exista una retroalimentación del funcionamiento de los programas y  se puedan mejorar los puntos débiles de los mismos.



Referencias.
Internet:
González Tijerina, Sindy. Panorama de la evaluación de los programas sociales en México. Revista de la Sociedad Española de Evaluación.  Edita: Sociedad Española De Evaluación. Año 3,  nº 11, junio 2010, p. 13-19. Recuperado el 10 de julio de 2014. Disponible en: http://guia.oitcinterfor.org/sites/default/files/experiencias/Evaluacion_de_politicas_publicas_en_Mexico_11_0.pdf





[1] González Tijerina, Sindy. Panorama de la evaluación de los programas sociales en México. Revista de la Sociedad Española de Evaluación.  Edita: Sociedad Española De Evaluación. Año 3,  nº 11, junio 2010, p. 13. Recuperado el 10 de julio de 2014. Disponible en: http://guia.oitcinterfor.org/sites/default/files/experiencias/Evaluacion_de_politicas_publicas_en_Mexico_11_0.pdf 
[2] Ibíd., p. 14.
[3] González Tijerina, Sindy. Ob. Cit., p.14. 
[4] Ibíd., p. 16.
[5] González Tijerina, Sindy. Ob. Cit., p.17.

miércoles, 28 de mayo de 2014

Manuel Tamayo Sáenz y su aporte a las políticas públicas.


Elaboró: Aline Vázquez
Coordina: Georgina González

Es Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. “Su área de interés es la evaluación y análisis de políticas en el área de bienestar social, el consumo de bienes y servicios públicos y las políticas de la ciudad”.[1]
En su texto el análisis de las políticas públicas, nos brinda una definición del concepto, define lo que es el análisis de las políticas públicas, además de hacer un estudio al proceso y las fases de esta.
La definición que nos brinda del término es el siguiente: “Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios”.[2]
En la definición que nos brinda el autor no hace referencia a la fase de la evaluación de la política, pero si la incluye en su propuesta para la construcción. Él considera cinco pasos para la elaboración de estas, y son los siguientes: 1. Identificación y definición del problema, 2. Formulación de las alternativas de solución, 3. Adopción de una alternativa, 4. Implantación de la alternativa seleccionada y 5. Evaluación de los resultados obtenidos.
“El proceso de las políticas públicas tiene un carácter cíclico. El gobierno, una vez efectuada la intervención, mide los efectos de la misma sobre el problema y tras observar si éste ha concluido o si permanece se pregunta si es necesario seguir actuando. En caso afirmativo esto daría lugar a un nuevo proceso de formulación de alternativas. Los resultados de la política retroalimentan el proceso”.[3]
Desde la perspectiva de Tamayo las políticas públicas, se pueden entender como un ciclo, en donde el gobierno mediante acciones trata de dar solucionar una problemática, se buscan alternativas hasta que se le dé solución a dichas problemáticas; cabe mencionar que todas las fases del ciclo se encuentran ligadas.  
     En tanto, para el análisis de las políticas públicas nos menciona que este:
Es “investigación para la acción”; su objetivo es ayudar al decisor público a responder a preguntas tales como: ¿debería intervenir el gobierno para solucionar un problema concreto?; ¿cómo se debe orientar esa intervención?; ¿cuánto tiempo será necesario actuar sobre él?; ¿qué costes acompañarán a las acciones emprendidas?; ¿quién se beneficiará de la intervención y quién resultará perjudicado por ella?; ¿serán o no satisfactorios los resultados de la intervención?”.[4]
    Las preguntas que ayudan al decisor, están relacionados al ciclo de las políticas públicas, es decir, la relación que hay entre el proceso de la política y su análisis; mediante el análisis los decisores tratan de resolver una serie de puntos esenciales que se plantean en las distintas fases del proceso de la política pública.
     El aporte que hace este autor al campo de las políticas públicas, está relacionado al análisis que se debe de hacer de estas, un análisis en donde los decisores de las políticas públicas eligen cuales serán las técnicas y estrategias que utilizarán para el proceso.    


Referencias:
Internet:
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Programa de Posgrado. Profesorado. Recuperado el 18 de mayo de 2014. Disponible en:  http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1299/programas-de-postgrado/masteres-universitarios-oficiales-2014-2015/master-universitario-en-alta-direccion-publica/profesorado

Tamayo Sáenz, Manuel. El análisis de las políticas públicas, en: La Nueva Administración Publica, Rafael Bañón y Ernesto Carrillo (Compiladores),   Madrid,  1997, p. 2. Recuperado el 19 de mayo de 2014. Disponible en: http://uca.edu.sv/mcp/media/archivo/f98099_tamayosaezelanalisisdelaspoliticaspublicas.pdf
     




[1] Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Programa de Posgrado. Profesorado. Recuperado el 18 de mayo de 2014. Disponible en:  http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/1299/programas-de-postgrado/masteres-universitarios-oficiales-2014-2015/master-universitario-en-alta-direccion-publica/profesorado

[2] Tamayo Sáenz, Manuel. El análisis de las políticas públicas, en: La Nueva Administración Publica, Rafael Bañón y Ernesto Carrillo (Compiladores),   Madrid,  1997, p. 2. Recuperado el 19 de mayo de 2014. Disponible en: http://uca.edu.sv/mcp/media/archivo/f98099_tamayosaezelanalisisdelaspoliticaspublicas.pdf

[3] Ibíd. p. 3.
[4] Tamayo Sáenz Manuel.  Ob.Cit. p. 3.

Análisis de políticas públicas en el proceso de estas, según Manuel Tamayo Sáenz

Elaboró: Aline Vázquez
Coordina: Georgina González


El aporte que hace este autor al campo de las políticas públicas está relacionado al análisis que se debe de hacer de las mismas. Un análisis en el cual los decisores de las políticas públicas eligen cuáles serán las técnicas y estrategias que utilizarán para el para las cinco fases del proceso que él propone.
A continuación las fases, destacando lo más relevante de cada una de ellas y su análisis:
1.    Identificación y definición del problema. Para esta fase Tamayo menciona lo siguiente: “La primera tarea del analista de políticas en esta fase es, por tanto, identificar a los actores con algún tipo de intereses en el problema y reconstruir sus definiciones, la forma en que ven el problema. Desde este punto de vista, la definición de problemas es ante todo una cuestión política, decidir a quién se tiene en cuenta y hasta qué punto”.[1]
Dentro de esta primera fase, los analistas deben de abordar dos cuestiones que serán útiles para poder identificar y definir la problemática.
A)   La detección del problema: Es mejor anticipar las problemáticas para poder vigilar lo que el problema puede generar. Dentro los mecanismos de que se pueden valer los hacedores de políticas se encuentran los siguientes:
1.    La función directiva, su tarea es mantener a la organización (pública o privada) en contacto permanente con el entorno, es decir, se tienen que analizar los cambios del exterior para predecir cómo la organización enfrentará las distintas problemáticas.
2.    La participación en redes de gestión, se remite a la participación de los distintos actores que intervienen en proceso de la política.
3.    El diseño de segmentos organizativos especializados en la detección de problemas, se utilizan instrumentos para conocer las sugerencias y reclamos de los usuarios dentro de oficinas públicas.
4.    El análisis de los clientes, para conocer sus expectativas y demandas, con lo que las organizaciones se apoyan para conocer más acerca de los problemas.
5.     La evaluación de las políticas y de los programas en funcionamiento, “La utilidad de la evaluación es producir información de calidad para orientar nuevos procesos de decisión, aprendiendo de los éxitos y los fracasos”.[2]
B)   El diseño de la agenda: Esta puede ser sistémica o institucional. “Al conjunto de problemas que preocupan a una sociedad en un momento determinado se le denomina agenda sistémica”. En tanto una agenda institucional o agenda política se incluyen los problemas que los gobiernos consideran prioritarios.
2.    La formulación de las políticas públicas. Se definirán las metas y objetivos a alcanzar, además de que se deberá de pensar qué estrategias se utilizarán para que se cumplan las metas y objetivos;  dentro de esta también se deberán de  considerar los beneficios y costos de la política. 
3.    La elección de una alternativa. Para el desarrollo esta fase existen varias corrientes o modelos (racionalidad, racionalidad limitada).
-       La elaboración de políticas desde el modelo racionalista: “Este modelo divide el proceso de adopción de la decisión en una serie de pasos interdependientes y acumulativos, que, de cumplirse, dan lugar a una elección racional”[3]. Los pasos son los siguientes: El establecimiento de los objetivos,  el establecimiento de las alternativas, la valoración de las consecuencias de las alternativas y la comparación de las alternativas.
-       El modelo de racionalidad limitada: Su nombre lo dice es limitada, los gobiernos cuentan con información incompleta y por ello sólo se pueden identificar políticas satisfactorias. Para describir este modelo Tamayo retoma a Simon, quien se enfocó en describir las limitaciones que hacen imposible la aplicación estricta del modelo racional puro.
-       La elaboración de las políticas desde el modelo incremental: Las decisiones sobre las políticas son, ante todo, pragmáticas, no se basan en relaciones causales bien estudiadas, en este modelo se utiliza el método de las aproximaciones sucesivas y limitadas.
4.    La implantación de las políticas públicas. Para esta fase Tamayo retoma varios modelos:
a)    La implantación como puesta en marcha (top-down). Este modelo, se basa en la jerarquía, es decir,  se implementan las órdenes emitidas jerárquicamente. “La esfera política decide, la esfera administrativa pone en marcha las decisiones.”[4]   
b)    La implantación como proceso de interacción entre las condiciones iniciales y los resultados esperados. Tamayo para este tipo de implantación o implementación retoma a  Pressman y Wildavsky, estos autores ven a la implantación como proceso de interacción entre los objetivos y los resultados.
“Los autores mantienen que la implantación es un proceso que debe tenerse en cuenta en la fase de formulación, determinando entonces cuál de los posibles caminos –diseños de implantación– reduce, en mayor medida, los efectos perversos de la gestión conjunta –retrasos, desviación del plan inicial, imposibilidad de llegar a acuerdos y paralización del programa– y presenta una menor complejidad, incrementando las posibilidades de que ocurra esa relación causal entre las condiciones iniciales y los resultados esperados”.[5]
c)    La implantación como proceso de ensamblaje. Este modelo lo podemos definir como la sucesión de actividades para ensamblar los distintos elementos del programa, entre los elementos que se mencionan están los siguientes: recursos financieros, recursos humanos, normas, decisiones y capacidades administrativas, estos dependen de los  actores que pueden ser independientes entre sí, ya que cada actor tiene sus propios objetivos e intereses.
En esta fase los distintos actores intentarán maximizar sus objetivos a partir de estrategias que les permita realizar sus intereses con la menor cantidad de recursos posibles. Las estrategias de que se valen los actores dan lugar a efectos negativos: disipación de recursos del programa, disipación de objetivos del programa, resistencia al control de la conducta de los participantes, pérdida de energía.
d)    La implantación desde abajo (bottom-up). Este modelo explica la fase de la implantación como el proceso para obtener los impactos esperados sobre la población. Existe un contacto entre el ciudadano y la organización o dependencia encargada de distribuir los bienes y servicios de una política.
5.    La fase de evaluación. “La evaluación es la última fase del proceso de la política pública y, puesto que el proceso es cíclico, es también la primera”.[6] Los objetivos de la evaluación es producir conocimiento que sirva para orientar las decisiones vinculadas al diseño y gestión de las políticas públicas para que estas cumplan su cometido.
Para Tamayo existen varios tipos de evaluación, a cada fase del proceso se le puede hacer una evaluación; en el siguiente cuadro lo explica mejor.
Las fases del proceso de la política pública y los tipos de evaluación
Fases del proceso de la política pública

Tipos de evaluación
1. Identificación y definición del
Problema
* evaluación anticipativa
* evaluación de la evaluabilidad
* evaluación de necesidades
2. Formulación y adopción de una
Alternativa
* evaluación teoría y diseño
* evaluación de viabilidad política/contexto
3. Implantación de la alternativa
Adoptada
* evaluación de implantación
* estudios de seguimiento de               programas
4. Evaluación de los resultados
* evaluación de impacto
* evaluación de calidad
Elaboración de Miguel Tamayo S.
  
 El aporte que Tamayo hace al tema de las políticas públicas lo basa en el análisis de las mismas y menciona lo siguiente:
"El análisis de políticas es a la vez un arte y una ciencia. Es un arte porque hace referencia a la labor de los directivos públicos, que intuitivamente reproducen con sus decisiones las fases del proceso de las políticas sin dominarlo conceptualmente. Es una ciencia porque aspira a entender el complejo mundo de la acción pública y prescribir, en la medida de lo posible, la mejor forma de aproximarse al proceso de las políticas”.[7]



Referencias
Internet:
Tamayo Sáenz, Manuel. El análisis de las políticas públicas, en: La Nueva Administración Publica, Rafael Bañón y Ernesto Carrillo (Compiladores),   Madrid,  1997. Recuperado el 19 de mayo de 2014. Disponible en: http://uca.edu.sv/mcp/media/archivo/f98099_tamayosaezelanalisisdelaspoliticaspublicas.pdf





[1] Tamayo Sáenz, Manuel. El análisis de las políticas públicas, en: La Nueva Administración Publica, Rafael Bañón y Ernesto Carrillo (Compiladores),   Madrid,  1997, p. 2. Recuperado el 19 de mayo de 2014. Disponible en: http://uca.edu.sv/mcp/media/archivo/f98099_tamayosaezelanalisisdelaspoliticaspublicas.pdf


[2] Tamayo Sáenz, Manuel. El análisis de las políticas públicas, Ob.Cit. p. 6.

[3] Ibíd. p. 9.

[4] Tamayo Sáenz, Manuel. El análisis de las políticas públicas, Ob.Cit. p. 13.

[5] Ibíd. p. 15.

[6]  Tamayo Sáenz, Manuel. El análisis de las políticas públicas, Ob.Cit. p. 18.

[7] Tamayo Sáenz, Manuel. El análisis de las políticas públicas, Ob.Cit. p. 20.

Recepción de la disciplina de la política púbica en México de Luis F. Aguilar Villanueva.

Elaboró: Aline Vázquez
Coordina: Georgina González

Luis Aguilar Villanueva en este texto nos hace un recuento de cómo y en que situaciones el campo de las políticas públicas se insertó en el Estado mexicano, los propósitos de éstas, una definición del término más amplia, su proceso y sus operaciones constitutivas  
     La disciplina llegó al país aproximadamente en los años ochentas. México país enfrentaba una inestabilidad en su sistema político; como un reordenamiento del Estado después de la crisis monetaria de 1982, la propuesta para salir de la crisis fue democratizar al régimen.
     Aguilar nos menciona lo siguiente: “El origen de las políticas públicas en este país tiene lugar dentro de la matriz de la crisis fiscal y política del régimen y, en consecuencia, en el marco del ajuste de las finanzas públicas y de la democratización del régimen autoritario”.[1]
     Después de la crisis se le demandaban al Estado políticas eficientes, con los pocos y limitados recursos públicos y una resurrección de un régimen democrático, para que de este modo el propósito y la finalidad de las políticas públicas se reivindicaran. 
     El objetivo principal de las políticas públicas, radicó por varios años en el estudio y la racionalización de los procesos de diseño y decisión. En México con el redimensionamiento del Estado, su objetivo consistió en innovar los procesos de diseño y de decisión, tratar de hacerlos económicamente rígidos, y políticamente estables y legales.
     Dentro de los nuevos objetivos de la disciplina de las políticas públicas,  uno de los principales, es el de revindicar la idea de lo público desde un ideal liberal; otro de aportes es que la ciudadanía se  integre a los procesos de decisión del gobierno.
    Aguilar, desde una perspectiva más actual, basada en nuevos estudios y de experiencia en campo, nos menciona que la definición de las políticas públicas se puede visualizar  de varias formas, resumidas quedan del siguiente modo:
  •    "Un conjunto de (secuencia, sistema, ciclo, espiral) acciones intencionales y causales”[2], se consideran acciones intencionales, ya que se orientan a realizar algún objetivo con fines a resolver alguna problemática que sea de interés o con beneficios públicos y acciones causales ya que son consideradas capaces y eficaces para resolver la problemática.
  •    Un conjunto de acciones cuya intencionalidad y causalidad son definidas por el tipo de controversia y dialogo que existe entre el gobierno y los gobernados.
  •     Un conjunto de acciones a iniciar, que ha sido decididas por las autoridades púbicas y cuya decisión es fundamental para que sean consideradas públicas y legitimas en ambos casos.
  •       Un conjunto de acciones que son realizadas por actores gubernamentales.
  •     Un  conjunto de acciones que conforman un modelo de comportamiento del gobierno y la sociedad.

    Dentro de este nuevo texto, Aguilar también menciona las características fundamentales de las políticas públicas:
“La orientación hacia los objetivos de intereses o beneficio público (constitucional o legalmente prescritos) y su idoneidad para resolverlos; la participación ciudadana con el gobierno para la definición de objetivos, instrumentos y acciones de la política; la decisión de la política por el gobierno legítimo y respecto a la legalidad; la implementación y evaluación de la política por personal de la administración pública o en asociación con actores sociales o mediante delegación de atribuciones a los actores sociales”.[3]    
     Estas características son fundamentales para el ciclo o secuencia de una política pública, ya que relacionan distintos elementos, como el proceso de orientación de los objetivos y la mejor solución para la problemática con la participación de gobierno y ciudadanos para elegir la mejor decisión entre ambos, en tanto la decisión será tomada por el gobierno conforme a las leyes de un Estado, y  la implementación como para la evaluación de un política pública  por personal de gobierno y asociación de diversos actores sociales.
     Las políticas públicas además de ser consideradas acciones, Luis Aguilar las nombra también planes de acción que para el caso de México se le conoce como Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este plan cambia cada sexenio con el cambio de presidente.
     Además de ser vistas como una disciplina, las políticas públicas son pensadas como un proceso, ya que están integradas por un conjunto de varias acciones (intelectuales y políticas), en las primeras acciones se conjunta lainformación, análisis, cálculo y critica; en las segundas acciones se enmarcan de diálogo, discusión, persuasión, negociación  y acuerdo. Ya sean interdependientes o enlazadas, que anteceden y preparan la toma de decisión del gobierno y después sea llevada a cabo.


Referencias:
Bibliografía:
Aguilar Villanueva, Luis F. Gobierno y administración pública, México: Editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE)  y CONACULTA, 2013.
                               




[1] Aguilar Villanueva, Luis F. Gobierno y administración pública, México: Editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE)  y CONACULTA, 2013, p.145.
[2]  Aguilar Villanueva, Luis F. Ob Cit, p.180.

[3] Ibíd, p. 182.

El modelo mexicano de las políticas públicas.

Elaboró: Aline Vázquez
Coordina: Georgina González

El modelo mexicano de políticas públicas se basa en el Plan Nacional de Desarrollo vigente en cada sexenio, el cual tiene la finalidad de presentar las líneas de acción (políticas públicas o programas sociales) que se deberán seguir para afrontar  las problemáticas que se tienen en  el país.
El titular del Poder Ejecutivo (Presidente del país) junto con su gabinete, son los encargados de realizar el Plan Nacional de Desarrollo, en un lapso no mayor a seis meses después de la toma de posesión de la silla presidencial, a partir de foros debates públicos, consultas ciudadanas, etc. Esto, para recoger a lo largo del país las principales demandas y necesidades de la ciudadanía.
Este modelo inicia con el presidente Miguel de la Madrid en los ochentas con un esquema normativo, donde se habla de un Sistema de Planeación Democrática en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos, en donde participan los diferentes sectores de la sociedad.
“En el Artículo 26 se plasma lo siguiente: “El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta constitución determinaran los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los programas de la administración pública federal.”[1]
En este Plan se presentan las iniciativas y promulgan los decretos de reforma al Artículo 26 constitucional y la creación de la Ley de Planeación, con lo que se hizo obligatorio que haya un plan, al que estén sujetos los programas de la Administración Pública Federal.
El PND es el proyecto, modelo sistemático de las acciones que emprenderá el Gobierno, con los detalles necesarios para su aplicación y se conforma de la siguiente manera:
1.     Objetivos
2.     Estrategias
3.     Líneas de acción
4.     Acuerdos Nacionales
Sexenio tras sexenio los Planes Nacionales de Desarrollo cambian de acuerdo al partido que esté en el poder; los personajes tienen intereses e ideologías distintas, al  final el PND es el espejo de la escuela de los actores políticos, es decir el juego de poder entre los distintos grupos de poder.
Este modelo está basado en los documentos jurídicos del Estado mexicano como la Constitución y las leyes que de esta emanan. Aun no existe una evaluación real de los resultados que se han obtenido con los programas implementados anteriormente, no se habla de porcentajes ni se explica por completo la manera en la que se realizaran los programas sociales o políticas publicas
   
Referencias
Internet:
     Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, texto vigente de la última reforma publicada el 19-07-2013. Recuperado el 2 de mayo del 2014. Disponible en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/27.htm?s=ttp://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/




[1] Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, texto vigente de la última reforma publicada el 19-07-2013. Recuperado el 2 de mayo del 2014. Disponible en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/27.htm?s=ttp://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/