Elaboró: Aline
Vázquez.
Coordina: Georgina González
Coordina: Georgina González
Para Canto la evaluación de
las políticas públicas es importante y necesaria para la buena marcha y el mejoramiento
continuo del quehacer público. En el estudio al realiza al tema de las políticas
públicas y la evaluación de éstas, refiere algunas experiencias en algunos
países latinoamericanos y menciona lo siguiente:
“Al aproximarnos a las
experiencias concretas de los distintos países latinoamericanos descubrimos una
profunda heterogeneidad entre lo que se entiende en cada uno de ellos por
evaluación de políticas públicas y por el concepto mismo de evaluación: sus
objetivos, funciones, alcances y métodos, así como su ubicación en el marco
institucional de la administración pública”.[1]
Canto menciona varias concepciones de lo que es una
evaluación (gerencial, integral u holística) esto depende de la naturaleza y
los objetivos de la política pública. La evaluación gerencial se utiliza para
generar informes que apoyen la toma de
decisiones, en cuanto a la evaluación integral u holística, que se concibe como
generalizada, se evalúan todas las etapas del proceso de la política pública,
que son: la identificación del problema, incorporación a la agenda, toma de
decisiones, implementación y evaluación.
Refiere que en América Latina la evaluación en las
políticas está basada en la retroalimentación en la cual se busca que se
contribuya al mejoramiento de todas las fases del proceso y que además contribuya
al rediseño de la política, para que éstas sean más eficaces. Relativo a la
evaluación en algunos países latinoamericanos Canto menciona:
“que
prevalece la idea de que la evaluación es básicamente una función del mismo ente
que diseña e implementa la política pública, es decir el Poder Ejecutivo, ya
sea el nacional o los subnacionales; en general se acepta, en este mismo tenor,
la posibilidad de que el ejecutivo en cuestión contrate los servicios de
consultores externos que le ayuden a hacer mejores evaluaciones”.[2]
Canto, además indica que existe una corriente donde evaluaciones
deben de estar a cargo de un poder distinto al que elabora e implementa la
política, ya que se corre el riesgo de que la evaluación no sea imparcial o
justa.
“En principio parece plausible la idea de que la
independencia de la evaluación debe garantizarse en el marco de la división de
poderes; si la política es diseñada e implementada por el ejecutivo
parece razonable que las evaluaciones queden a cargo del Legislativo, por
ejemplo”.[3]
Aunque también menciona que es más promisoria la idea de
que el la dependencia responsable de la evaluación sea un organismo autónomo del
poder ejecutivo, como lo es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) en México.
Referencias.
Internet:
Canto Sáenz, Rodolfo. Evaluación de políticas públicas en México la experiencia de PROGRESA y
el Consejo Nacional De Evaluación De Políticas Públicas. Edita: Sociedad Española De Evaluación. Año
3, nº 11, junio 2010, p. 4-12.
Recuperado el 27 de julio de 2014. Disponible en:
http://guia.oitcinterfor.org/sites/default/files/experiencias/Evaluacion_de_politicas_publicas_en_Mexico_11_0.pdf
[1]Canto
Sáenz, Rodolfo. Evaluación de políticas
públicas en México la experiencia de PROGRESA y el Consejo Nacional De
Evaluación De Políticas Públicas.
Edita: Sociedad Española De Evaluación. Año 3, nº 11, junio 2010, p. 4. Recuperado el 27 de
julio de 2014. Disponible en:
http://guia.oitcinterfor.org/sites/default/files/experiencias/Evaluacion_de_politicas_publicas_en_Mexico_11_0.pdf
[2]Canto Sáenz,
Rodolfo. Ob. Cit., p. 4-5.
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