lunes, 16 de marzo de 2015

Firma Electrónica.

Reseña elaborada por: Aline Vázquez
Coordina: Georgina González.

Artículo escrito por Alberto Álvarez Santana, para la Revista Guía Mejor Gestión Pública en su edición de 2014. El autor comienza por mencionarnos que gracias al desarrollo tecnológico que hay en el país, existen diversos elementos  que hacen más fáciles los procesos a los ciudadanos.
Un claro ejemplo de esto es la firma electrónica, mediante esta se vuelven, más eficientes los trámites que los ciudadanos realizan, además facilita la comunicación entre funcionarios públicos, instituciones y ciudadanos.
En México la empresa SeguriData fue la encargada de realizar con éxito la implementación de la Firma Electrónica en algunas de  dependencias de gobierno. El director General de la empresa SeguriData Javier Alarcón Irigoyen, menciona existe un distintas operaciones de la administración pública que se pueden realizar vía internet, con lo que se consiguen grandes beneficios para los ciudadanos e significativos ahorros en la gestión gubernamental.
“La generación de una firma electrónica se realiza a partir de la convergencia de tres elementos: un certificado electrónico, que contiene los datos de identidad de la persona; un archivo key que contiene una Llave Privada que es el instrumento de firma y una contraseña -en poder exclusivo del usuario- que protege a ésta y que habilita la operación. Una vez generada la firma, el archivo se sube a una nube digital y se realiza un proceso de autenticación para validar la identidad del firmante, así como la integridad y la autenticidad del documento electrónico”.[1]
Mediante el uso de la firma electrónica se busca lograr la eficiencia en tiempos de gestión y reducir los costos de consumo de papel sin contar con una gran infraestructura. Desde una computadora con acceso a Internet, se pueden realizar las operaciones que requiere la institución, como la firma de oficios, requisiciones de compra, contratos, entre otros.


Xalapa y el Estado de México, hacia la digitalización.
El gobierno de México ha mostrado interés en la aplicación de la firma electrónica por a las ventajas que representa, “como llevar trámites y servicios gubernamentales a sitios remotos del país con menores costos de operación, principalmente en papelería, insumos para impresión y almacenamiento de la información”.[2]
Cuando un gobierno se adapta y se adecua al uso de las nuevas tecnologías, los beneficios se aprecian en la calidad de los servicios y en la eficiencia del mismo. Un ejemplo se da en el Municipio de Xalapa, Veracruz, Américo Zúñiga Martínez, presidente municipal, refiere lo siguiente: “La eficiencia es un propósito que sólo se alcanza a partir de la innovación de los procesos tradicionales para la realización de un trámite o para el requerimiento de servicios administrativos que son propios de la gestión pública. En ese sentido, la aplicación de las nuevas tecnologías ha permitido la digitalización y ordenamiento de las operaciones que se realizan en las oficinas públicas”.[3]
En el gobierno del municipio de Xalapa ha notado un impacto positivo en los costos, ya que, la firma electrónica también está diseñada como una herramienta para reducir gastos en insumos (papel, tintas, impresión y mensajería). En este municipio mediante el uso de la firma electrónica, se busca hacer consciencia de la conservación del medio ambiente, en relación a lo anterior, Américo Zúñiga, menciona lo siguiente:
“Hemos reducido el uso de papel y tintas en un 80 por ciento en las áreas del ayuntamiento que ya aplican la firma electrónica, incluso se reducen los gastos en gasolina e insumos para el traslado y entrega de expedientes que son propios de la mensajería interna”.[4]
El gobierno del Estado de México, a partir del 2007, a través del Sistema Estatal de Informática y la Secretaría de Finanzas, cuenta con una plataforma de firma electrónica. Aunque cabe mencionar que  la mayoría de los procesos gestionados a través de ésta, son internos.
“La actual administración establece dentro de su Plan de Desarrollo 2011-2017, la implementación de un modelo de Gobierno Digital que permita a los funcionarios públicos consolidar los datos necesarios para brindar mejores servicios públicos, así como para poner a disposición de la ciudadanía una gama amplia de servicios a través de Internet”.[5]
La empresa SeguriData fue elegida por el gobierno del Estado de México, prestara sus servicios y tratara de dotar de certificados digitales a todos los funcionarios del gobierno estatal y a todos los ciudadanos del Estado de México mediante  la Autoridad Certificadora Estatal.
El objetivo principal es automatizar todos los trámites disponibles en la Ventanilla Electrónica Única de Trámites y Servicios. De esta manera en su primera etapa se espera alcanzar más de 200 mil usuarios utilicen la Firma Electrónica.
Referencias:     
Santana Álvarez, Alberto. “Firma electrónica”. Guía Mejor Gestión Pública, año 2, edición 2,  editada y distribuida por Cazonci Editores S.A. de C.V.


[1] Santana Álvarez, Alberto. “Firma electrónica”. Guía Mejor Gestión Pública, año 2, edición 2,  editada y distribuida por Cazonci Editores S.A. de C.V , p. 34.
[2] Ob. Cit., p. 37.
[3] Ibíd., p. 38.
[4] Ibíd., p. 38.
[5]  Ibíd., p. 38.

Equipos innovadores para cada área de Gobierno.

Reseña elaborada por: Aline Vázquez
Coordina: Georgina González.
Artículo escrito por Alberto Álvarez Santana, para la Revista Guía Mejor Gestión Pública, en su edición del 2014. En la actualidad la Administración Pública demanda soluciones integrales para almacenar, procesar y compartir datos. La oferta que ofrece la compañía Lenovo incluye equipos de cómputo de escritorio, así como de dispositivos portátiles y tabletas. El director comercial de Lenovo en México Ricardo Acacio indicó que la empresa se ubica en el top tres de los principales proveedores a nivel global.
Lenovo ofrece esquemas tecnológicos completos para sus clientes del Gobierno Federal, los Estados y municipios, en áreas como el de la gestión pública, la salud y la educación.  Ricardo Acacio, menciona: “El objetivo de esta estrategia consiste en llevar a los clientes ofertas integrales, con tecnologías a la medida de cada dependencia u oficina”.[1]
Para la compañía, el gobierno digital debe ser una prioridad para las instituciones gubernamentales, ya que les permite trabajar de manera más eficiente, optimizar sus indicadores sociales y económicos, también sirve como medio de comunicación entre ciudadanos.
Uno de los sectores a los que se ha brindado mayor atención en cuanto al uso de la tecnología, es a la educación. Por tal motivo Lenovo  trabaja en propuestas que respondan a los cambios (reforma educativa).
“De acuerdo con cifras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 91 por ciento de los directores de las escuelas refieren que tienen insuficiencia de equipo tecnológico, apunta Ricardo Acacio, y refiere que Lenovo cuenta con sistemas para la construcción de aulas digitales, que permiten mostrar en el salón de clases documentos y objeto en 3D para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el apoyo de pizarrones electrónicos, escritorios equipados con computadoras personales, cámaras y proyectores”.[2]
En el sector salud entre sus principales demandas tecnológicas y digitales, es la integración de los expedientes clínicos digitales. Ricardo Acacio explica que esto ocurre porque la creación de dichos documentos electrónicos es clave para las autoridades, pues les permitirá sentar las bases de un sistema de salud pública digital.
“A partir de mayo de 2014 y hasta noviembre de 2016, Lenovo, en alianza con sus socios Mainbit y Theos, darán servicios de arrendamiento y soporte para más de 1,200 computadoras portátiles y 134 estaciones de trabajo alto desempeño de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 32 ciudades del país”.[3]
La CONAGUA solicitó a los proveedores que brindarán una solución que le permita actualizar su infraestructura tecnológica y mantener la continuidad de sus operaciones. Asimismo, se deberá brindar el servicio para que se migren todos los datos de los usuarios de los dispositivos, la configuración e instalación de los equipos en cada una de las 32 oficinas del organismo y la eliminación de la información de las computadoras anteriores. También la CONAGUA solicitó a Lenovo  contar con un centro de atención tecnológica para garantizar los servicios de soporte a los usuarios.
Las soluciones de Lenovo ofrecen esquemas tecnológicos integrales a los tres órdenes de gobierno, ya que en el PND dentro su Eje Transversal Gobierno Cercano y Moderno, se indica que el gobierno debe realizar acciones que se impulse en uso de la tecnología en todos los sectores del gobierno, para su modernización.


Referencias:
Chacón, Lilia. “Equipos innovadores para cada área de Gobierno”. Guía Mejor Gestión Pública, año 2, edición 2,  editada y distribuida por Cazonci Editores S.A. de C.V ,



[1] Chacón, Lilia. “Equipos innovadores para cada área de Gobierno”. Guía Mejor Gestión Pública, año 2, edición 2,  editada y distribuida por Cazonci Editores S.A. de C.V , p.15
[2]                     bíd., p. 17.
[3] Ob. Cit., p. 20.

Ineficiente, 62% de Municipios “63% de los municipios de hasta 200 mil habitantes, y 40% de los que están habitados por más de 200 mil personas, operan con exceso de dependencias”.

Reseña elaborada por: Aline Vázquez
Coordina: Georgina González.
Artículo escrito por Alberto Álvarez Santana, para la Revista Alcaldes de México en su edición del mes de noviembre de 2014.El autor comienza por mencionarnos que la buena salud de los ciudadanos está ligada con la obesidad, lo mismo pasa con os municipios y ayuntamientos del país.
El considera que los municipios “obesos” trabajan con un gran número de dependencias, lo cual afecta negativamente en la gestión eficaz de la administración pues, ya que, se requieren de más recursos para gestionar trámites y al pago de nóminas.
A partir del 2014, el programa Agenda desde lo Local,  que está al mando del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), transformó su estructura y cambio su nombre a Agenda para el Desarrollo Municipal. Dicha herramienta de diagnóstico y evaluación busca el mejoramiento de la estructura de los ayuntamientos.
Uno de los indicadores de desempeño de la Agenda es el porcentaje de dependencias de los gobiernos municipales en función de un “organigrama óptimo”. Este organigrama estipula que para los municipios de hasta 200 mil habitantes, el número máximo de dependencias debe de ser de 13, en tanto que para las alcaldías de más de 200 mil habitantes, el número máximo debe ser igual a 20.
“Datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que de 2 mil 357 municipios y delegaciones de hasta 200 mil habitantes que hay en el país, 1,493 cuentan con más de 13 dependencias en su organigrama. Es decir, 63 por ciento de las alcaldías de hasta 200 mil habitantes son “obesas”. Sólo 163 ayuntamientos en dicha categoría cuentan con 13 dependencias, y 701 operan con menos de 13; éstos son, al menos en cuanto al número de dependencias que los integran, los municipios más sanos”.[1]
Este censo revela también, que de 103 municipios y delegaciones del país que cuentan con más de 200 mil habitantes, 42 de estos reúnen en su administración a más de 20 dependencias y sólo cuatro cumplen con el requisito del “organigrama ideal” de contar con 20. Lo que quiere decir, que, el 40 por ciento de las alcaldías habitadas por más de 200 mil personas son “obesas”.
“El censo, que reporta cifras al cierre de 2012, refiere que el personal que labora en las instituciones de las administraciones municipales es de 944 mil 234 personas, 10 por ciento más que en el censo anterior, el cual fue elaborado con números correspondientes al cierre de 2011. Uno de cada 10 trabajadores de dichas dependencias labora en municipios del Estado de México, mientras que en el otro extremo se encuentra Colima con 0.7 por ciento del total de burócratas”.[2]

Gasto elevado en Burocracia.
José Antonio González Curi , quien es Coordinador General del INAFED, refiere el  hecho de que existen administraciones municipales deficientes, que no efectúan las funciones que se les asigna por mandato constitucional y con limitadas capacidades de recaudación, se refleja en estructuras “obesas”, por lo que es necesaria una reingeniería administrativa.
González Curi subraya el trabajo que se hace para rediseñar internamente los programas municipales y clarificar las prioridades de los ayuntamientos a través de la Agenda para el Desarrollo Municipal. Dicho programa aborda 40 puntos, entre los cuales está adelgazar, o dicho de otro modo, reducir a los gobiernos locales que cuentan con más dependencias de las necesarias. Además se propone un número “ideal” de empleados, con el fin de que las administraciones trabajen con hasta 400 funcionarios por cada 50 mil habitantes.
En ese sentido, González Curi agrega que hoy día se tiene una idea más clara sobre las políticas de desarrollo necesarias para los ayuntamientos, pero insiste que éstas requieren de una estrecha colaboración entre órganos del gobierno.


Más dependencias, menos competitividad.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en la Cámara de Diputados Ernesto Núñez Aguilar, expone que el problema de los municipios “obesos” se hace más grave con cada cambio de administración. También indica que lo notable de la Agenda para el Desarrollo Municipal es que incide en la capacitación y profesionalización de los alcaldes.
“En ese sentido, Carlos Grandet, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explica que el incremento de trámites desalienta las posibilidades de inversión, lo que afecta directamente a la competitividad local.
“El municipio es la institución que más contacto tiene con los ciudadanos, en vista de que es donde se realiza una mayor cantidad de trámites, si existen una cantidad excesiva de éstos, se inhibe la inversión y el desarrollo por el incremento en tiempo y costos y tiende a generar más corrupción”, apunta.”[3]

Cuestión de intereses.
Algunos  organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre sus recomendación para los ayuntamientos, refiere algunos: Aclarar las responsabilidades del gasto y eliminar la duplicidad de funciones  y ajustar los ayuntamientos a un tamaño óptimo enfrenta desafíos.
“En 2013, la entonces Agenda desde lo Local, contó con la participación de 1,194 municipios, de los cuales 990 concluyeron el proceso de verificación y 340 se hicieron acreedores al Premio Nacional al Desarrollo Municipal, con el que el INAFED reconoce los avances de los gobiernos locales en la atención a las áreas de oportunidad de sus administraciones”.[4]
González Curi admite que aún hay trabajo por hacer para generar un reordenamiento administrativo. También refiere que entre los pendientes de la agenda municipal está revisar el Sistema de Coordinación Fiscal para aumentar los recursos a los municipios e incrementar la eficiencia recaudatoria en  predial y agua.

Referencias.
Álvarez Santana, Alberto. “Ineficiente, 62% de Municipios”. Revista Alcaldes. México. Noviembre 2014.




[1]Álvarez Santana, Alberto.Ob., Cit., p.10.

[2]Ibíd.,p. 11.
[3]Álvarez Santana, Alberto.Ob. Cit., p. 12.

[4] Ibíd., p. 13.

Las TIC y la brecha digital por Edgar Tello Leal.

Reseña elaborada por: Aline Vázquez
Coordina: Georgina González.
Edgar Tello Leal, es Licenciado en Computación Administrativa por parte de la Facultad de Comercio y Administración Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tiene un Maestría en Docencia en educación superior por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y es Doctor en Educación en la misma Universidad. Ha sido docente y coordinador del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud y Tecnología.
El Maestro Tello nos menciona, que los avances tecnológicos (uso de software y hardware) se observan como un progreso social, más sin embargo, ese progreso no llega a todos los sectores sociales, es decir existe una exclusión (brecha digital), pues los que no se ven beneficiados carecen del acceso, uso y beneficios de las mismas.
La brecha digital, marca el impacto social que generan el uso de las tecnologías de información, así como las desigualdades de oportunidades en el desarrollo entre los diversos sectores, también marca una distancia entre los que tienen y los que no tienen acceso a las mismas.
Otro de los tema que aborda el autor es el de la sociedad del conocimiento, cuya definición propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es la siguiente:
“Un sistema económico y social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que representa una oportunidad para nuestros países y sociedades, si entendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global como local requiere profundizar principios fundamentales tales como el respeto a los derechos humanos dentro del contexto más amplio de los derechos fundamentales, la democracia, la protección del medio ambiente, el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades fundamentales, el progreso económico y la equidad social”.[1]
En tanto que el concepto de sociedad de la información hace referencia a una transformación que está impulsada por los nuevos medios disponibles para crear y divulgar información mediante tecnologías digitales.
Tello hace referencia a la brecha digital, dentro de la sociedad de la información, el vínculo parte en los  ámbitos “del conocimiento, el acceso a la información, la educación, la investigación científica, la diversidad cultural y lingüística, que representa el verdadero desafío planteado a la edificación de las sociedades del conocimiento”.[2]
El término de las TIC está ligado a la tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes, además se relaciona computadoras, software y telecomunicaciones.
El reto hoy en día para los gobierno  es que todos los ciudadanos puedan tener  acceso a las TIC, por tal motivo deberán proponer acciones para abatir la brecha digital y no solo unos cuentos se beneficien del uso de la tecnología y su aplicaciones.


Referencias.
Internet:
Tello, Edgar. Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su impacto en la sociedad de México. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 4, n.º 2. UOC, 2007. Consultado: el 26 de noviembre de 2014. Disponible: http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/tello.pdf




[1]Tello, Edgar. Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la brecha digital: su impacto en la sociedad de México. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 4, n.º 2. UOC, 2007. Consultado: el 26 de noviembre de 2014. Disponible: http://www.uoc.edu/rusc/4/2/dt/esp/tello.pdf
[2]Ob. Cit. 

Gobierno Abierto, desde la perspectiva de José Miguel Insulza

Reseña elaborada por: Aline Vázquez
Coordina: Georgina González.
José Miguel Insulza es Licenciado en derecho por parte de la Universidad de Chile, realizó un posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y es Maestro en Ciencia Política por parte de la Universidad de Michigan. Fue profesor de la asignatura de Teoría Política en la Universidad de Chile.  Fue elegido Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2005, y reelegido en el 2010.
En palabras de José Miguel Insulza, el Gobierno abierto: “es una política pública que agrupa los conceptos de transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos en las políticas públicas en donde la información y datos gubernamentales juegan un rol esencial”.[1]
Un gobierno es abierto cuando  todos los niveles (federal, local y municipal) son trasparentes, además de que hay una apertura y existen mecanismos para que la sociedad pueda participar en asuntos públicos, así como también le demanden al Estado una rendición de cuentas. Un gobierno abierto por sus características, esta vinculado con la democracia, Insulza nos menciona lo siguiente:
“La democracia ha avanzado, sin duda, en el mundo, y en América Latina se ha ido consolidando de manera procedimental, aunque todavía falta por afianzar una plena democracia ciudadana. El gobierno abierto viene precisamente a llenar esa carencia, al entablar que las decisiones políticas queden condicionadas y determinadas, en parte, por la sociedad civil. En este sentido, la democracia supone de un ideal ideológico preciso, pero también supone la construcción de una ciudadanía integral, es decir, el pleno reconocimiento de la ciudadanía política, civil y social”.[2]
Un gobierno abierto consolida al régimen de la democracia, que como uno de sus principios y elementos básicos que la caracterizan es la participación de los actores involucrados en la toma de decisiones políticas e implementación de políticas públicas. En la actualidad el uso de las TIC, ha generado una relación estrecha entre gobierno y sociedad, en donde los ciudadanos cuentan con mayores recursos  y mecanismos para promover la rendición de cuentas y la transparencia de la toma de decisiones del gobierno.
El gobierno abierto en la actualidad está ligado con un gobierno electrónico ya que debido al avance de la tecnología, la interacción entre gobierno y ciudadanos se ha ido modernizando, el uso de las TIC y el uso del internet (redes sociales, aplicaciones y portales de internet, trámites en línea), mejoran la calidad y eficiencia de servicios que proporcionan los gobiernos, con lo cual se podría logran una transparencia en los asuntos públicos.



Referencias.
Internet:
Insulza, José Miguel. Prólogo, en: La Promesa del Gobierno Abierto. Coord. Andrés Hofmann, Álvaro Ramírez-Alujas y José Antonio Bojórquez Pereznieto. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 2012. Consultado el 1 de diciembre de 2014. Disponible: http://www.itaip.org.mx/slide/pdf/lpga.pdf






[1] Insulza, José Miguel. Prólogo, en: La Promesa del Gobierno Abierto. Coord. Andrés Hofmann, Alvaro Ramírez-Alujas y José Antonio Bojórquez Pereznieto. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 2012. Consultado el 1 de diciembre de 2014. Disponible: http://www.itaip.org.mx/slide/pdf/lpga.pdf

[2] Ibíd.

En años recientes el término de gobierno abierto ha tomado un gran auge en la sociedad, como una primera aproximación podríamos relacionarlo con la transparencia en la gestión y administración pública, los principios de democracia y la participación que existe en la sociedad.

Remontando las brechas principios fundamentales de políticas públicas para la inclusión digital.

Reseña elaborada por: Aline Vázquez
Coordina: Georgina González.

Uno de los grandes retos para México es superar la Brecha Digital que existen en la actualidad, ya que esta es considerada como un nuevo tipo de desigualdad en la sociedad contemporánea, es preciso que el gobierno genere políticas públicas como mecanismos para abatir este tipo de desigualdad
Para logar esto, primeramente se tiene que hacer una distinción entre las políticas gubernamentales y las políticas públicas, “en este sentido de que estas últimas no vienen a ser simple decisión del actor gubernamental, sino que constituyen un curso de acción que se desata y efectivamente es desarrollado, intencional o relativamente por varios actores gubernamentales, por otros actores estales, actores políticos diversos, grupos económicos o bien organizaciones sociales”.[1]
Gobernar por políticas públicas implica incorporar la opinión y la participación de los ciudadanos, lo cual es un principio de las sociedades democráticas.
Para abatir la brecha digital en el país, es necesario la implementación de políticas públicas, las cuales sean un mecanismo para lograr la inclusión digital, además de crear acciones cuyos objetivos sean mejorar la calidad y el acceso del uso de las TIC, para que los ciudadanos entren a la sociedad de la información y el conocimiento.
“Las políticas para la inclusión digital buscan que sean los diferentes actores sociales los que edifiquen la Sociedad de la Información y el Conocimiento al tiempo que, como parte del mismo proceso, estos puedan desarrollarse en ese marco. De ahí la importancia de que dichos cursos de acción se inscriban en los planes de desarrollo, tanto nacionales como regionales.”[2]
Al igual que cualquier política pública, las políticas enfocadas a la inclusión digital pueden tener errores, estos pueden ir desde le planteamiento del problema, errores en la ejecución e implementación de la política, por eso no es fácil el camino que se debe de recorrer para la inclusión digital en el país.
En el país existe una gran ausencia de proyectos o cursos de acción que estén encaminados a la construcción de una Sociedad de la Información y el Conocimiento.




[1] Alva de la Selva, Alma. “Remontado las brechas principios fundamentales de políticas públicas para la inclusión digital.”, en: Brecha e inclusión digital en México: hacia una propuesta de políticas públicas. México: Editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, p. 112.

[2] Alva de la Selva, Alma. Ob. Cit., 114.

jueves, 12 de marzo de 2015

Conferencia Magistral Dr. René Hernández (ILPES -CEPAL, Chile)

Reseña elaborada por: Aline Vázquez
Coordina: Georgina González.
Dentro de la inauguración del Segundo Bienal de Territorios en Movimiento organizado por la Universidad de Guanajuato (UG) y realizado en la Ciudad León, Guanajuato los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2014, se presentó el Dr. René Hernández, quien es miembro del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), este instituto proporciona asesoría a los gobiernos de la región, para mejorar sus competencias de planificación y gestión pública para el desarrollo.
El Doctor Hernández abordo el tema de la desigualdad (brecha) en la región de América Latina y el Caribe, refirió que como estrategia para abatir la problemática de desigualdad y exclusión se necesita que los gobiernos de la región logren un cambio estructural para la igualdad.
Hernández menciono que América Latina es una de las regiones en las cuales existe una gran desigualdad que va desde lo étnico, de oportunidades, genero, ingreso e incluso al uso de tecnologías, esto a pesar de las políticas sociales que han implementado los gobiernos de la región.
Mencionó  también que existe una gran brecha en la región y que a pesar que en los últimos 10 años se ha reducido la pobreza en América Latina, la desigualdad no; es por ello que los gobiernos deben optar por un cambio estructural en su planificación en donde se implementen políticas públicas que fomenten la productividad.  Y con esto se logren mejores salarios y condiciones de vida, para se logren disminuir las brechas y las desigualdades.
Tocante al tema de la brecha y la desigualdad que existe en América Latina y el Caribeen torno al tema de uso de las TIC, mencionó que la CEPAL y el ILPES dentro de sus agendas incorporan foros para el cierre de las brechas digitales, en las cuales hacen observaciones y asesoran a los gobiernos de los países de la región, dentro de las indicaciones que sugieren a los gobiernos consiste a grandes rasgos en que se implementen políticas orientadas a incorporar el uso de las TIC en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Comento que la desigualdad y la brecha digital, necesitan ser abatidas mediante la incorporación del uso de las TIC en campos como el de la educación, economía, salud, la productividad esto para avanzar hacia el logro de sociedades hacia el conocimiento.